¡La inteligencia militar bajo la lupa por 33 crímenes!

Treinta y tres hechos victimizantes y ocho antiguos integrantes del Ejército Nacional llamados a responder por su presunta responsabilidad. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanzó en las investigaciones sobre graves crímenes cometidos por estructuras de inteligencia militar en Bogotá entre 1985 y 1993, en un expediente que involucra ataques contra integrantes de la Unión Patriótica y miembros de organizaciones guerrilleras.

La decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad se enmarca en los casos 06 y 08. El primero investiga el genocidio contra la Unión Patriótica, mientras que el segundo aborda crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública, otros agentes estatales y personas que habrían actuado en alianza con grupos paramilitares o terceros civiles durante el conflicto armado.

De acuerdo con los hallazgos, unidades como el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano (BINCI), posteriormente COICI y Brigada XX, habrían participado en la ejecución de dos patrones criminales. Uno estuvo dirigido contra dirigentes y militantes de la UP, mientras que el otro afectó a integrantes del M-19, el EPL y las Farc-EP, algunos de ellos asesinados o desaparecidos después de ser detenidos cuando estaban fuera de combate.

La investigación también puso al descubierto la existencia de un aparato criminal clandestino dentro de las unidades de inteligencia estratégica del Ejército. Su funcionamiento incluía la identificación de objetivos, recopilación de información, seguimientos, elaboración de señalamientos y coordinación de operaciones secretas. Según la JEP, la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) tuvo conocimiento de los hechos.

El balance de la investigación comprende 14 hechos y 18 víctimas en el patrón relacionado con la Unión Patriótica, además de otros 13 hechos y 15 víctimas en el segundo patrón. Los ocho antiguos integrantes del Ejército fueron llamados a reconocer su responsabilidad por crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio contra la UP. La decisión representa un nuevo avance en el esclarecimiento de hechos que marcaron uno de los capítulos más dolorosos del conflicto colombiano.