Tutelas, posibles filtraciones y riesgos contractuales ponen bajo revisión al Icfes

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) enfrenta una serie de cuestionamientos administrativos, jurídicos y técnicos que llevaron a la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, a solicitar una revisión de su funcionamiento. Tras visitar la entidad y participar en su Junta Directiva, la funcionaria expuso varias situaciones que considera prioritarias.

Una de las alertas está relacionada con posibles filtraciones en la cadena de custodia de los exámenes, además de la dependencia de la plataforma Prisma sin un responsable único. A esto se agregan riesgos contractuales en la operación logística de las pruebas Saber 11, que comprende aproximadamente 10.000 contenedores y 650.000 evaluados.

La situación jurídica también quedó en el centro de la revisión: el Instituto acumula 1.276 acciones de tutela en lo corrido de 2026 y, de acuerdo con lo expuesto por la ministra, no cuenta actualmente con un jefe en su Oficina Jurídica. También se señalaron dificultades para garantizar el acompañamiento requerido por las personas con discapacidad durante las evaluaciones.

La funcionaria cuestionó la relación entre el Icfes y el Ministerio de Educación y sostuvo que la entidad ha perdido la confianza y se ha politizado. En ese contexto, pidió revisar el uso de la sede actual, cuyo edificio de tres pisos estaría subutilizado, además de evaluar los contratos y la planta de personal para reducir gastos.

El Gobierno encargó al viceministro Álvaro José Cifuentes y a la directora encargada, Maribel Castro, hacer seguimiento a las instrucciones mientras se designa una dirección en propiedad. También se planteó reactivar las pruebas censales de varios grados, suspendidas desde 2017, y renovar el modelo de Saber 11. Las posibles irregularidades deberán ser trasladadas a los organismos de control competentes.