Corte pone bajo vigilancia los recursos de la emergencia por terremoto
La Corte Constitucional avaló el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el Gobierno tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, pero estableció condiciones para controlar el…
La Corte Constitucional avaló el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el Gobierno tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, pero estableció condiciones para controlar el uso de los recursos públicos y delimitar las facultades extraordinarias del Ejecutivo.
Entre las principales determinaciones está la obligación de restringir la aplicación de la emergencia a los municipios que acreditaron afectaciones por el movimiento sísmico y sus réplicas. Según la decisión, cualquier ampliación territorial deberá contar con soporte técnico que demuestre daños derivados del fenómeno natural.
La Corte también advirtió que los recursos y las facultades excepcionales no podrán destinarse a solucionar problemas que existían antes del terremoto ni a financiar asuntos ajenos a la calamidad. Por esa razón, excluyó la posibilidad de adoptar medidas estructurales sobre el sistema penitenciario y carcelario mediante este mecanismo.
En cuanto a la reconstrucción, el Gobierno deberá demostrar que los procedimientos ordinarios resultan insuficientes antes de recurrir a las facultades extraordinarias. También tendrá que justificar la destinación de los recursos y garantizar que los organismos de control puedan conocer permanentemente cómo se están utilizando.
El Ministerio de Hacienda contará con 20 días hábiles, a partir de la publicación del comunicado de la decisión, para recalcular el costo de la emergencia y determinar las necesidades presupuestales. Finalmente, la Corte exhortó al presidente de la República a poner en marcha un plan de recuperación de los territorios afectados, con una programación de recursos a varios años.
