Reforma al impuesto al tabaco: advierten riesgos para la salud de niños y adolescentes

La discusión sobre los impuestos al tabaco en Colombia tiene implicaciones que van más allá del recaudo fiscal. Organizaciones de la sociedad civil y del sector salud advirtieron que los cambios introducidos por la Cámara de Representantes podrían debilitar las medidas para desestimular el consumo de cigarrillos, con posibles consecuencias para las nuevas generaciones.

El llamado fue dirigido a los congresistas encargados de conciliar el proyecto de ley. Red PaPaz, la Liga Colombiana Contra el Cáncer, Fundación Anáas, ReCeTa Colombia y NATTI solicitaron conservar el texto aprobado por el Senado el pasado 4 de noviembre. Su petición se fundamenta, entre otros elementos, en una microsimulación académica que proyecta diferencias importantes entre las dos propuestas legislativas.

El estudio, desarrollado por investigadores de la Universidad del Rosario, la Universidad Icesi, mediante Proesa, y Tabaconomía de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, estima que si prevalece el texto de la Cámara podrían presentarse 92.450 fumadores adicionales y 46.408 muertes prematuras más durante la vida de la población analizada. Por el contrario, la propuesta del Senado permitiría evitar 52.180 fumadores y 18.143 muertes prematuras, de acuerdo con las proyecciones.

Las organizaciones también destacaron las cifras de consumo entre menores de edad. El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar de 2022 encontró que aproximadamente 11 de cada 100 estudiantes de entre 12 y 18 años habían probado cigarrillos convencionales, mientras que cerca de 23 de cada 100 habían utilizado cigarrillos electrónicos. En ambos grupos, la mitad de quienes experimentaron con estos productos comenzó a los 14 años o antes.

En cuanto al argumento de que mayores impuestos podrían estimular el contrabando, Guillermo Paraje, profesor de Tabaconomía, afirmó que no hay evidencia latinoamericana que demuestre esa relación. Las organizaciones recordaron que un estudio en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Cúcuta estimó en 16,9 % la participación del comercio ilegal en el consumo de cigarrillos durante 2023. La conciliación entre Senado y Cámara será determinante para definir el texto que posteriormente deberá ser aprobado por ambas plenarias.