Presidente de Paraguay, a juicio político

La crisis financiera de Ueno Bank terminó convirtiéndose en una tormenta política para el Gobierno de Santiago Peña en Paraguay. El Congreso decidió continuar con el juicio político contra el mandatario, pese a que este había presentado su renuncia, en medio de los cuestionamientos por los recursos públicos que instituciones estatales mantenían en la entidad financiera.

La dimisión no pudo ser tramitada debido a la falta de cuórum en la sesión conjunta del Congreso, después de que legisladores oficialistas abandonaran el recinto. La situación dejó a Peña formalmente en la Presidencia y permitió que continuara el procedimiento de juicio político, cuya decisión final corresponde al Senado.

Durante la sesión, los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda asumieron la defensa técnica del mandatario. El equipo jurídico había solicitado una ampliación de 72 horas para preparar sus argumentos, al considerar que el plazo inicial de 12 horas no garantizaba condiciones suficientes para responder a las acusaciones. El Senado rechazó la petición.

El escándalo tiene como origen la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay, después de detectar graves problemas en sus indicadores de solvencia. La entidad administraba recursos de aproximadamente 2,9 millones de clientes y también había recibido importantes depósitos de organismos públicos, circunstancia que intensificó las preguntas sobre la supervisión financiera y los vínculos entre el banco y sectores del poder político.

Otro elemento que rodea la controversia es la diferencia entre una salida voluntaria de la Presidencia y una destitución mediante juicio político. Si Peña renunciara y el Congreso aceptara su dimisión, podría conservar las prerrogativas constitucionales de senador vitalicio. En cambio, una destitución le impediría acceder a esos fueros. El desenlace del proceso podría tener consecuencias tanto para el futuro político del mandatario como para las investigaciones sobre la crisis bancaria.