Escándalo bancario derriba a Santiago Peña y desata crisis en Paraguay
La crisis financiera que golpea a Paraguay terminó convirtiéndose en una tormenta política para el Gobierno de Santiago Peña. El mandatario fue destituido el pasado 6 de noviembre, después de que el S…
La crisis financiera que golpea a Paraguay terminó convirtiéndose en una tormenta política para el Gobierno de Santiago Peña. El mandatario fue destituido el pasado 6 de noviembre, después de que el Senado adoptara la decisión en medio de los cuestionamientos por el escándalo relacionado con Ueno Bank y las presuntas irregularidades que rodearon sus operaciones.
El vicepresidente Pedro Alliana (en la foto) asumió el poder para completar el mandato hasta agosto de 2028, con el compromiso de atender a los afectados y recuperar la confianza en las instituciones. Sin embargo, su administración comienza bajo la presión de una ciudadanía que reclama soluciones concretas y respuestas sobre el destino de sus recursos.
La intervención de Ueno Bank puso en evidencia una serie de interrogantes sobre el funcionamiento de la entidad, especialmente por los préstamos concedidos a empresas relacionadas con sus propietarios, la administración de activos y sus presuntos vínculos con sectores políticos. El caso también despertó preocupación por la posible exposición de recursos pertenecientes a instituciones públicas.
Las investigaciones no se limitaron al ámbito financiero. Santiago Peña quedó involucrado en las actuaciones judiciales y, de acuerdo con la información suministrada, permanece bajo arresto domiciliario por señalamientos relacionados con posibles irregularidades y tráfico de influencias. También aparecen vinculados el expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y antiguos directivos de la entidad.
El impacto social del escándalo ha sido considerable. Miles de ciudadanos reclaman recuperar sus ahorros, mientras las protestas y las divisiones dentro del oficialismo profundizan la incertidumbre. Para el nuevo Gobierno, el principal desafío será demostrar que las instituciones pueden responder a los ciudadanos y que las responsabilidades no quedarán limitadas a las consecuencias políticas de la caída de Peña.