Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno. La Procuraduría apeló la decisión, dejando el futuro del caso en manos del Tribunal Superior de Bogotá.

El 28 de julio de 2025 marcó un hito en la historia judicial colombiana con la condena de primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, encontró culpable al exmandatario de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, absoliviéndolo del cargo de soborno simple. La sentencia, leída oficialmente el 1° de agosto, generó un fuerte impacto en la opinión pública nacional.

La condena implica 12 años de prisión domiciliaria, una multa significativa e inhabilidad para ejercer cargos públicos. La jueza Heredia basó su decisión en un extenso análisis probatorio, detallando las irregularidades cometidas por el ex presidente. La defensa de Uribe Vélez, por su parte, ha anunciado su intención de recurrir la sentencia ante instancias superiores.

La Procuraduría General de la Nación presentó una apelación de 81 páginas ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. En dicho documento, se cuestiona la valoración de las pruebas presentadas por la Fiscalía y se argumenta la falta de tipicidad en la conducta del expresidente. Esta apelación representa un nuevo capítulo en este complejo proceso judicial y mantiene la incertidumbre sobre el futuro legal de Uribe Vélez.

Este fallo, que implica la condena de una figura tan influyente en la política colombiana, ha reavivado el debate sobre la justicia y la lucha contra la corrupción en el país. La decisión del Tribunal Superior de Bogotá no solo definirá el futuro de Uribe Vélez, sino que además, tendrá un profundo impacto en el escenario político y social colombiano, que permanece profundamente polarizado frente a este caso. El proceso legal continúa y la decisión final del Tribunal se espera con mucha expectativa.