Por: karol Yulieth Lopéz león

La Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía, logró el comiso de 28 lingotes de oro valorados en más de 15.514 millones de pesos, transportados ilícitamente entre Putumayo y Huila. Dos hombres fueron judicializados por lavado de activos.

Un importante golpe contra las finanzas criminales fue asestado en la vía que conecta Mocoa (Putumayo) con Pitalito (Huila), donde la Policía Nacional incautó 28 lingotes de oro. Este metal precioso, valorado en más de 15.514 millones de pesos, estaba siendo transportado sin los soportes legales de origen. La acción se enmarca en la lucha constante del Estado contra el lavado de activos y la explotación ilegal de recursos naturales. La medida representa un avance significativo en la protección de la riqueza pública y la legalidad.

Durante un procedimiento rutinario de registro y control en la vereda El Cedro, unidades policiales interceptaron el vehículo sospechoso. En la diligencia, fueron capturados Andrey David Murcia Dávila, quien conducía el automotor, y su acompañante, Fernando Andrade Delgadillo Rodriguez. Ambos individuos fueron judicializados por el delito de lavado de activos ante un juez de control de garantías. La Fiscalía General de la Nación solicitó el comiso del oro, petición que fue aceptada, garantizando así la recuperación de estos activos para el Estado.

Los lingotes de oro, con un peso total de 41 kilogramos, fueron descubiertos astutamente ocultos en el tanque de combustible del vehículo. La ingeniosa maniobra no pasó desapercibida para las autoridades, que de inmediato iniciaron las investigaciones. La Fiscalía determinó que los capturados no pudieron acreditar la procedencia lícita del metal. No portaban certificados de origen ni documentos emitidos por explotadores o comercializadores mineros autorizados.

La incautación de este valioso cargamento de oro subraya la persistencia de redes dedicadas al lavado de activos y la minería ilegal, actividades que erosionan la economía formal y financian otros delitos. Las 28 barras, tras ser sometidas a pruebas de autenticidad, han quedado a disposición del Fondo Especial para la Administración de Bienes (FEAB). Posteriormente, serán custodiadas por el Banco de la República, asegurando que estos recursos regresen al patrimonio público. Este caso demuestra la efectividad de las instituciones en la recuperación de bienes ilícitos, fortaleciendo el imperio de la ley y la transparencia.