Por: Miguel Angel Trujillo

Fiscalía acusa a exconsejera presidencial Sandra Ortiz por lavado de activos y tráfico de influencias en el escándalo de la Ungrd, vinculándola a millonarias transferencias al exsenador Iván Name.

La Fiscalía General de la Nación presentó una acusación formal contra Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, por su presunta participación en el escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Se le imputan los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. La investigación señala la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al exsenador Iván Name, actualmente detenido. Este caso pone en evidencia la gravedad de la corrupción en la gestión pública colombiana.

La acusación involucra a varios actores clave. Además de Ortiz y Name, se mencionan a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd, quienes presuntamente entregaron el dinero a Ortiz. La exconsejera, en declaraciones a la prensa, manifestó su preocupación por su seguridad personal y alegó que existen presiones para que no revele información. Las acciones legales contra Ortiz se suman a las ya presentadas contra otros implicados en el escándalo.

Según la investigación fiscal, Ortiz habría recibido el dinero en dos ocasiones, transportándolo en vehículos oficiales. Este dinero, producto del desvío de contratos para la compra de carrotanques destinados a La Guajira, fue entregado posteriormente a Name. Estos hechos se remontan a octubre de 2023, coincidiendo con el periodo en que Name se desempeñaba como presidente del Senado. La colaboración de Olmedo López, quien recibió un principio de oportunidad, es fundamental para la investigación.

Este caso evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración pública colombiana. La acusación contra Ortiz, junto con las investigaciones en curso, podrían revelar una compleja red de corrupción que involucra a altos funcionarios y pone en riesgo la adecuada gestión de recursos destinados a la atención de desastres. Las posibles consecuencias podrían incluir penas de prisión para los implicados y una mayor presión social para erradicar la corrupción en el país.