¿Quién responde por las muertes en operativos militares?

El Gobierno Nacional trabaja en un decreto que busca establecer reglas para la actuación de las instituciones del Estado cuando se produzcan fallecimientos durante operaciones de la Fuerza Pública. La iniciativa pretende mejorar la coordinación entre las autoridades y definir responsabilidades, pero su contenido preliminar deja interrogantes sobre las garantías de transparencia en las investigaciones.

El proyecto involucra a los ministerios del Interior, Defensa y Justicia, la Fiscalía, la Policía Nacional y las autoridades territoriales. El propósito es que estas entidades mantengan mecanismos de comunicación y coordinación para responder cuando una persona fallezca en circunstancias relacionadas directamente con una operación legalmente ordenada.

Entre las obligaciones contempladas se encuentra el deber de los integrantes de la Fuerza Pública de informar inmediatamente a la Fiscalía o a la autoridad de policía judicial cuando conozcan de un fallecimiento asociado con estas operaciones. La información suministrada deberá permitir el inicio de las actuaciones investigativas correspondientes.

No obstante, uno de los principales cuestionamientos al borrador está relacionado con la ausencia de protocolos específicos para preservar los cuerpos y las escenas de los hechos. El documento tampoco define quién responderá por la cadena de custodia, cómo se evitará la contaminación de las evidencias o qué mecanismos permitirán establecer responsabilidades ante eventuales irregularidades.

La propuesta tendrá una implementación inicial de seis meses y será evaluada a mitad de ese periodo. Sin embargo, para que la regulación garantice transparencia y confianza pública, será necesario precisar quién determina la relación entre una muerte y una operación militar, además de establecer controles efectivos sobre las actuaciones de las instituciones involucradas.