Por: Miguel Angel Trujillo

En 2025, el Tribunal de Cundinamarca admitió una demanda de FedeColombia contra el Ministerio de Educación y el Servicio Geológico por presuntamente usar sus redes oficiales para difundir mensajes a favor del Gobierno Nacional, generando debate sobre la publicidad estatal y la imparcialidad.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha admitido para estudio una demanda significativa que pone bajo escrutinio el actuar de dos entidades estatales clave en Colombia. Se trata del Ministerio de Educación y el Servicio Geológico Colombiano, acusados de presuntamente utilizar sus plataformas digitales institucionales para promover mensajes favorables al Gobierno Nacional. Esta acción legal, impulsada por la Fundación FedeColombia, busca delimitar el uso de la comunicación oficial en un contexto democrático.

La Fundación FedeColombia ha sido la entidad promotora de esta acción judicial, señalando publicaciones específicas que replican pronunciamientos del presidente Gustavo Petro. Estas incluyen declaraciones sobre la descertificación de Estados Unidos en la lucha antidrogas y denuncias de irregularidades en la Nueva EPS. Ante la creciente controversia, el propio mandatario respondió de manera contundente, afirmando: “Mi Educación es Gobierno y el Servicio Geológico es Ejecutivo, y el presidente es el jefe del Estado por voto popular, y lo popular es el dueño de Colombia”.

La demanda argumenta que estas publicaciones representan un uso indebido de la publicidad oficial, contraviniendo directamente lo estipulado por el Estatuto Anticorrupción en Colombia. Este marco legal prohíbe explícitamente la difusión de contenido que pueda interpretarse como proselitismo político o apoyo partidista con recursos del Estado. La acción de FedeColombia busca establecer un precedente claro sobre la neutralidad que deben mantener las instituciones públicas en sus canales de comunicación.

Este caso, que se desarrollará a lo largo de 2025, plantea interrogantes fundamentales sobre la línea divisoria entre la divulgación de información gubernamental legítima y la promoción política. La decisión del Tribunal de Cundinamarca podría sentar un precedente importante para la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de las redes sociales oficiales. Subraya la necesidad de una comunicación estatal imparcial, garantizando que los recursos públicos no sean empleados para fines proselitistas, sino para el bienestar colectivo y la información ciudadana.