Por: Katherine Cruz

Un rector de un internado rural en Vichada fue capturado por presunto abuso de poder y agresiones sexuales contra seis estudiantes indígenas, cuatro de ellas menores de edad. El caso conmociona a la comunidad y resalta la vulnerabilidad de las víctimas.

La Fiscalía General de la Nación confirmó la medida de aseguramiento en centro carcelario para el rector de un internado rural en Cumaribo, Vichada. El hombre es señalado como presunto responsable de graves conductas inapropiadas contra seis de sus estudiantes, todas integrantes de una comunidad indígena y cuatro de ellas menores de edad. Los hechos denunciados habrían ocurrido dentro de las instalaciones educativas entre los años 2024 y 2025, generando profunda preocupación en la región.

Este caso cobra especial relevancia debido a la posición de autoridad que ostentaba el señalado frente a jóvenes en condición de especial protección. La Fiscalía ha enfatizado la necesidad de un enfoque diferencial en la investigación, dada la pertenencia étnica y la situación de vulnerabilidad de las víctimas. La integridad de estas jóvenes fue presuntamente vulnerada por quien debía ser su protector y guía.

Según los hallazgos preliminares de la investigación, el rector se habría aprovechado de su liderazgo para ejercer control y cometer los actos denunciados. Se presume que el hombre habría empleado amenazas directas hacia las estudiantes y sus familias para evitar ser descubierto, llegando incluso a asegurar tener contactos con actores armados fuera de la legalidad como forma de intimidación. Estas revelaciones surgieron tras una serie de valientes denuncias que impulsaron la acción de las autoridades.

Como resultado de la exhaustiva labor investigativa, el hombre fue capturado en Puerto Carreño por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Presentado ante un juez de control de garantías, la Fiscalía le imputó los delitos de agresión agravada y comportamiento indebido con menores, cargos que el procesado no aceptó. A pesar de su no aceptación, se ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario, un paso crucial para garantizar la protección de las víctimas y el adecuado desarrollo del proceso judicial.