Por: karol Yulieth Lopéz león

Cuatro décadas después del horror del Palacio de Justicia, la justicia colombiana sigue desenterrando verdades. Exhumaciones revelan identidades erróneas, multiplicando el dolor de las víctimas.

El 6 de noviembre de 1985, el corazón de Colombia fue escenario de 28 horas de terror indescriptible. En plena Plaza de Bolívar, el Palacio de Justicia, sede de las más altas cortes, quedó reducido a escombros por el violento combate entre Ejército y guerrilla. Cuarenta años después, la nación aún busca respuestas sobre lo que realmente ocurrió, mientras las heridas de aquella tragedia permanecen abiertas y sin un cierre definitivo. La toma y retoma del Palacio de Justicia se convirtió en un símbolo de la crueldad de la guerra que el Estado libraba contra las guerrillas y los embates del narcoterrorismo.

La zozobra que por años envolvió a las familias de los doce desaparecidos históricos se ha multiplicado, extendiéndose a decenas de deudos. Entre 2015 y 2018, la Fiscalía ordenó exhumaciones masivas de cofres sellados hace cuatro décadas, culminando la búsqueda para seis de estas familias. Recientemente, recibieron los restos de Lucy Amparo Oviedo, Luz Mary Portela León, Héctor Jaime Beltrán, Bernardo Beltrán, Gloria Anzola de Lanao y Cristina Guarín. Sin embargo, este proceso ha desvelado una realidad aún más desgarradora para otros: descubrir que las tumbas de sus seres queridos eran, en realidad, ajenas.

La magnitud de las irregularidades es escalofriante y pinta un panorama de revictimización prolongada. En la tumba de Libia Rincón Mora, auxiliar del Consejo de Estado, se identificaron los restos de Luz Mary Portela, empleada de la cafetería. Similarmente, los de Héctor Jaime Beltrán aparecieron en el sepulcro del magistrado auxiliar Julio César Andrade, y Cristina Guarín en el de la abogada Marina Isabel Ferrer. Incluso, se descubrió que restos de guerrilleros como Alfonso Jacquin y Noralba García fueron entregados como el escolta Libardo Durán, cuyos verdaderos huesos estaban en una fosa común. Estos casos son solo algunos ejemplos de la desconcertante cadena de errores y omisiones.

Estos hallazgos no solo reabren heridas antiguas, sino que exponen la deficiencia de un Estado que falló en su deber de garantizar la identidad y el descanso digno de las víctimas. La persistencia incansable de las familias, como el ejemplo de las cinco mujeres que transformaron su dolor en resistencia, ha sido crucial para desvelar estas verdades ocultas. Cuarenta años después, la Toma del Palacio de Justicia sigue siendo un recordatorio sombrío de un conflicto que dejó profundas cicatrices y una deuda histórica de verdad y justicia para la sociedad colombiana.