Por: Katherine Cruz

Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para DDHH, condenó este viernes los ataques continuos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que han causado más de 60 muertes, exigiendo a EE. UU. cesar la violencia y respetar el derecho internacional.

Este viernes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, emitió un contundente comunicado denunciando que los ataques persistentes contra embarcaciones en las aguas del Caribe y el Pacífico constituyen una flagrante violación del derecho internacional de los derechos humanos. Estos incidentes, que generan profunda preocupación, han sido objeto de informes que detallan graves transgresiones. La situación subraya la necesidad urgente de adhesión a las normativas globales de protección.

Según los datos recopilados por la oficina de Türk, estos ataques, que “no encuentran justificación alguna en el derecho internacional”, han resultado en la trágica pérdida de más de 60 vidas humanas hasta la fecha. El alto comisionado calificó este número como un costo humano “inaceptable”, destacando la severidad de la situación y la urgencia de una respuesta. Su llamado a la acción resalta la grave afectación de derechos fundamentales.

Ante la gravedad de los hechos, Türk instó directamente al gobierno de Estados Unidos a detener estas operaciones y a prevenir futuros asesinatos extrajudiciales de las personas a bordo de dichas embarcaciones. Aunque Washington ha argumentado que tales acciones forman parte de sus operaciones contra el narcotráfico, el comisionado enfatizó que estas deben ejecutarse respetando las fronteras internacionales y aplicando estrictamente las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que limitan el uso de la fuerza letal.

Asimismo, el Alto Comisionado recordó que el uso de la fuerza debe ser siempre el último recurso y exhortó a las autoridades a garantizar una investigación pronta, independiente y transparente sobre cada uno de los incidentes. Türk también demandó que se sancione a los responsables de estas conductas, reafirmando la obligación ineludible de los Estados de rendir cuentas cuando se vulneran los derechos humanos y el derecho internacional.