Por: Miguel Angel Trujillo

El 21 de octubre de 2025, la magistrada María Leonor Oviedo Pinto del Tribunal Superior de Bogotá expresó su rotundo desacuerdo con la absolución del expresidente Álvaro Uribe, afirmando que la condena inicial debió confirmarse en su totalidad.

El 21 de octubre de 2025, en Colombia, la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez generó un contundente salvamento de voto. La magistrada María Leonor Oviedo Pinto se desmarcó de la mayoría, dejando constancia de su profundo desacuerdo. Este pronunciamiento subraya la complejidad y la polarización inherente a uno de los casos judiciales más importantes del país. Su postura resalta una fisura significativa dentro del poder judicial.

Oviedo Pinto fue enfática al señalar que, en su criterio, la conducta del exmandatario sí configuraba los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Calificó la decisión mayoritaria como "atípica", una expresión que resalta su percepción de una desviación de la norma jurídica. Su disenso se convierte en un llamado de atención sobre la interpretación de las pruebas y la aplicación de la ley.

Entre los puntos clave de su objeción, la magistrada Oviedo cuestionó enérgicamente la exclusión de las interceptaciones telefónicas. Sostuvo que estas "conservan validez y eficacia" y que no existían motivos fundados para declararlas ilegales. Además, defendió con firmeza la credibilidad del testimonio de Juan Guillermo Monsalve, al describirlo como "coherente, detallado y persuasivo", otorgándole un peso probatorio significativo que la mayoría ignoró.

El salvamento de voto de la magistrada Oviedo Pinto no es solo una disidencia jurídica; representa una valiente postura de independencia y rigor ante un fallo de alta relevancia política y social. Para el sector progresista local, este disenso refuerza la confianza en la autonomía judicial, destacando que no todas las voces se alinean con decisiones que benefician a figuras de poder. La persistencia de esta divergencia señala la necesidad de un escrutinio continuo en casos sensibles que impactan la percepción de justicia en Colombia.