Por: Katherine Cruz

Carlos Eduardo Mora González recibió 21 años de prisión por su rol en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay en Bogotá. La condena, producto de un preacuerdo, subraya la eficacia judicial en crímenes de alto perfil.

Este martes, Carlos Eduardo Mora González fue sentenciado a 21 años de prisión por su participación en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La pena fue confirmada por un juez penal especializado, tras un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Este crimen, ocurrido el 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá, conmovió a la opinión pública. Mora González aceptó su rol crucial en la planeación y ejecución de este lamentable suceso.

La investigación, liderada por la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, reveló la extensa colaboración de Mora González. Según los hallazgos, él identificó el lugar exacto donde se perpetró el homicidio. Además, facilitó un vehículo clave para el traslado de otros implicados en el plan criminal. Estos individuos entregaron el arma de fuego al menor de edad que finalmente disparó contra el dirigente político.

La participación de Mora González en esta intrincada red criminal se habría motivado por el pago de cinco millones de pesos. Este monto, aunque significativo, pone de manifiesto la facilidad con la que algunas personas son cooptadas por estructuras delictivas. El preacuerdo con la Fiscalía destaca la importancia de su confesión para el esclarecimiento de los hechos. La justicia avanza así en la desarticulación de quienes atentan contra la seguridad ciudadana y la democracia.

Las pruebas recolectadas por la Fiscalía sugieren que Mora González integraba una red delincuencial dedicada al narcomenudeo y homicidios selectivos. Esta estructura operó entre enero y junio del presente año, utilizando fachadas como la de conductor de plataformas de transporte. Así, Mora transportaba armas y estupefacientes, revelando una peligrosa mezcla de criminalidad organizada. Este caso refuerza la urgente necesidad de combatir estas estructuras que amenazan la estabilidad social y la vida política de la ciudad. La condena envía un claro mensaje contra la impunidad.