Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

La JEP avanza en la investigación contra el general (r) Juan Miguel Huertas por su presunta responsabilidad en "falsos positivos" en Antioquia, ocurridos cuando era capitán del Ejército. Su caso sigue activo.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mantiene activa una delicada investigación contra el general en retiro Juan Miguel Huertas, centrándose en su presunta participación en casos de "falsos positivos" en el departamento de Antioquia. Estos hechos, que empañaron la institución militar, se remontan a la época en que Huertas Herrera servía como capitán del Ejército Nacional. La pesquisa busca esclarecer su grado de responsabilidad en crímenes que aún impactan a la sociedad colombiana. Este proceso subraya el compromiso de la justicia transicional con la verdad y la no repetición de atrocidades.

Entre los años 2002 y 2013, el entonces capitán Huertas se desempeñó como oficial de operaciones del Batallón de Artillería N°4. Un documento de la JEP lo vincula específicamente al "Caso 03", que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate. Se le relaciona por su rol junto al coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez, exjefe de operaciones del mismo batallón en el año 2003. La Sala de Definición de Situaciones Públicas de la JEP tiene ahora la tarea de actualizar su situación jurídica.

La investigación de la JEP indaga cómo, bajo el mando del Batallón de Artillería N°4, se pudieron cometer estas graves violaciones a los derechos humanos. Aunque la justicia lo declaró inicialmente como no "máximo responsable", la JEP debe resolver su nivel exacto de implicación. Recientemente, el Ministerio de Defensa solicitó a la Sala de Definición de Situaciones Públicas que actualice la información sobre órdenes de captura y antecedentes vigentes del general Huertas. Este giro refleja la persistencia de las dudas y la necesidad de una clarificación definitiva sobre su rol.

La complejidad del caso radica en determinar la cadena de mando y la participación efectiva de cada oficial en los execrables crímenes. La autoridad judicial ahora debe discernir si el general Huertas tuvo algún grado de responsabilidad en los "falsos positivos" ejecutados por la unidad que comandó. De su colaboración y aporte a la verdad, podría depender la eventual "renuncia de la persecución penal", un mecanismo clave de la justicia transicional. Este proceso es fundamental para las víctimas y para consolidar la rendición de cuentas dentro de las fuerzas militares.