Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

La FGR investiga a Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por huachicol, tráfico de armas y delincuencia organizada. Se le acusa de integrar una red criminal con empresas fantasma y nexos internacionales.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha imputado al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, conocido por ser copropietario del certamen Miss Universo, en una investigación por presunta delincuencia organizada. Los señalamientos lo vinculan directamente con una compleja red dedicada al tráfico de hidrocarburos y a la rematriculación y distribución ilícita de armamento. Este caso destapa una preocupante infiltración de estructuras criminales en esferas empresariales de alto perfil.

Según información publicada por el diario Reforma el 6 de agosto, la agente Yazmín Mayoral Marín, adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), solicitó una orden de aprehensión contra Rocha. La imputación inicial ante un juez federal de Almoloya de Juárez incluyó delincuencia organizada con fines de tráfico de narcóticos, armas e hidrocarburos. Ante la complejidad jurisdiccional, el caso fue turnado a un juzgado en Querétaro.

En medio de esta definición judicial, fuentes federales citadas por diversos medios nacionales confirmaron que el empresario se acercó a la FGR. Su objetivo era solicitar un criterio de oportunidad, un mecanismo legal que le permitiría obtener beneficios procesales a cambio de información relevante y su posible conversión en testigo colaborador. Aunque los medios no coinciden en la fecha exacta de su aprobación, esta solicitud se hizo mientras el proceso judicial en su contra avanzaba.

Las investigaciones sugieren que la red operaba una sofisticada estructura para ingresar combustible robado desde Guatemala, utilizando empresas fantasma en Querétaro para su facturación y posterior venta en el mercado formal. Además, se detalla un sistema para adquirir y rematricular armamento que, con documentación aparentemente legal, terminaba en manos de grupos criminales. Este caso pone de manifiesto la urdimbre de corrupción y el grave riesgo que la colusión entre el poder económico y la delincuencia organizada representa para el estado de derecho y la seguridad de nuestras comunidades.