Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

La Corte Constitucional examinará un decreto crucial para la Reforma Rural Integral, tras una demanda de la ANT. Esta acción busca una justicia especializada y efectiva en el campo, fundamental para el Acuerdo de Paz.

La Corte Constitucional de Colombia admitió en octubre de 2025 una demanda trascendental contra el Decreto Ley 902 de 2017. Este decreto regula el Procedimiento Único para los procesos agrarios especiales, pieza clave para la implementación de la Reforma Rural Integral. La acción judicial fue interpuesta con el fin de condicionar la constitucionalidad de la norma. Su resolución será crucial para el futuro del acceso a tierras en el país.

La demanda fue interpuesta por Juan Felipe Harman Ortiz, director general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Harman Ortiz argumenta que la fase judicial actual, tramitada ante jueces civiles, vulnera el principio del juez natural agrario. Esta situación, según la entidad, frena significativamente la implementación de los acuerdos de paz en el campo. Los principales beneficiarios de esta reforma son miles de campesinos y comunidades rurales, quienes esperan un acceso justo y expedito a la tierra.

La admisión de la demanda por parte del alto tribunal, con sede en Bogotá, pone en el centro del debate la operatividad de la justicia en temas de tierras. La ANT señala que el procedimiento actual dilata los procesos y no ofrece la especialización requerida para resolver los complejos conflictos agrarios. El principio del juez natural implica que solo un juez con conocimiento específico en la materia debería atender estos casos. La ausencia de una jurisdicción agraria formal ha sido un cuello de botella persistente desde la firma del Acuerdo de Paz.

Esta acción legal de la ANT subraya la imperiosa necesidad de poner en marcha la Jurisdicción Agraria, contemplada en el Acuerdo de Paz. Solo con una justicia especializada y efectiva se podrá garantizar la seguridad jurídica y el derecho a la tierra de las comunidades. La decisión final de la Corte Constitucional será determinante. Definirá quién debe resolver los litigios agrarios mientras se concreta la creación de esta jurisdicción esencial para la Reforma Rural Integral.