Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

Una minuciosa investigación, activada por una alerta ciudadana, culminó en el rescate de varias mujeres víctimas de trata de personas en un bar de Bosa. La operación desarticuló una red que las explotaba bajo condiciones inhumanas y de confinamiento.

Una alerta ciudadana fue el detonante para una extensa investigación que desarticuló una compleja red de trata de personas en la localidad de Bosa, Bogotá. La Policía Metropolitana recibió el aviso sobre posibles actividades de explotación sexual en un bar de la zona. Uniformados de la Sijín y de Infancia y Adolescencia realizaron una primera verificación, confirmando la necesidad de una intervención más profunda. Este paso inicial escaló a una investigación de varios meses, revelando un oscuro entramado de control y abuso.

Desde las primeras inspecciones al establecimiento, la Fiscalía, la Policía Judicial y la Secretaría de Seguridad confirmaron señales claras de explotación. El bar operaba en condiciones de salubridad deplorables y funcionaba como una prisión, con varias mujeres viviendo encerradas y bajo supervisión continua. Su temor y nerviosismo, sumado a la falta de documentos de identidad, que los administradores retenían, encendieron todas las alarmas. Esta práctica es un indicio crucial de trata, impidiendo a las víctimas escapar o denunciar.

La investigación reveló que la mayoría de las víctimas eran mujeres venezolanas que llegaron al país con la esperanza de un empleo formal como meseras. Sin embargo, al arribar a Bogotá, eran trasladadas a una vivienda y luego al bar, donde les informaban de una supuesta "deuda" por transporte y trámites. Esta deuda, que nunca disminuía, se convertía en un cruel mecanismo de control para justificar su permanencia forzada y sin libertad. Vivían en condiciones extremas, hacinadas, con poca alimentación y sin ninguna medida de higiene.

Tras ocho meses de seguimiento intensivo, las autoridades ejecutaron un operativo dentro del bar, logrando la captura de los responsables. Estos fueron imputados por trata de personas, inducción a la prostitución y tortura, enfrentando así la justicia. Las mujeres rescatadas fueron inmediatamente trasladadas a programas distritales de atención, recibiendo asistencia médica y psicológica integral, alojamiento y acompañamiento judicial. Este proceso busca el restablecimiento pleno de sus derechos, permitiéndoles construir un nuevo proyecto de vida. La articulación interinstitucional ha sido clave, desarticulando cuatro organizaciones y rescatando a más de diez víctimas en 2025.