Por: karol Yulieth Lopéz león

La excongresista Aída Merlano Rebolledo fue sentenciada a 42 meses y un día de prisión por su escape de 2019 desde un consultorio odontológico en Bogotá, tras un preacuerdo con la Fiscalía. El caso resalta la importancia de la rendición de cuentas en el sistema judicial.

Desde Medellín, un juez de conocimiento ha emitido una nueva condena contra la excongresista Aída Merlano Rebolledo. La decisión, fechada el 5 de diciembre de 2025, impone 42 meses y un día de prisión por el delito de fuga de presos. Este veredicto llega tras la verificación de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, sumándose a la pena de 15 años que Merlano ya se encontraba cumpliendo por otros hechos.

La Fiscalía General de la Nación, a través de su Unidad de Delitos contra la Administración Pública en Medellín, fue la encargada de llevar la investigación que consolidó este proceso. Para el ente acusador, la exsenadora actuó de manera premeditada, contando con apoyo logístico para su escape. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) es la entidad cuya custodia fue burlada en aquel momento, y su reputación ha sido cuestionada por el incidente. La sentencia subraya la determinación del sistema judicial en perseguir y sancionar estos actos.

Los hechos que desencadenaron esta nueva condena tuvieron lugar el 1 de octubre de 2019, en un consultorio odontológico del norte de Bogotá. La excongresista, trasladada por el INPEC para una cita médica, aprovechó un momento clave para su plan. Registros fílmicos y pruebas demostraron cómo Merlano recibió una maleta de sus hijos, usó una cuerda para descender por la ventana de un segundo piso, donde la esperaba un motociclista. Esta audaz maniobra culminó con su huida a Venezuela, desde donde fue deportada el 10 de marzo de 2023.

Esta condena no solo añade años a su privación de libertad, sino que también refuerza el mensaje de que los actos de fuga no quedarán impunes. El caso de Merlano Rebolledo evidenció falencias en los protocolos de seguridad y custodia penitenciaria en su momento, que requieren una revisión constante y progresista. La persistencia de la justicia en este proceso demuestra un compromiso inquebrantable con la integridad del sistema penal y la rendición de cuentas, fundamental para la confianza ciudadana. Su situación actual, recluida en una sede militar en Atlántico, es el reflejo de la implacable aplicación de la ley para todos.