Consejo de Estado absuelve a David Racero en caso 'fruver'
La Sala 12 Especial de Decisión del Consejo de Estado falló a favor del representante a la Cámara David Racero, determinando que no existen pruebas concluyentes de conducta irregular que impliquen la pérdida de su cargo en el llamado caso 'fruver'. La decisión, tomada en Colombia, desestima por ahora las acusaciones sobre la presunta destinación de recursos públicos a un negocio familiar.
Una acusación sobre el uso de la UTL
El caso se centraba en la denuncia de que Racero habría utilizado a funcionarios de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para labores vinculadas a un negocio familiar de frutas y verduras. Los demandantes alegaban una indebida destinación de dineros públicos, una práctica que, de probarse, erosiona la confianza en las instituciones y desvía recursos que deberían estar al servicio de la ciudadanía.
Pruebas insuficientes y presunción de inocencia
El tribunal concluyó que las evidencias presentadas, que incluían audios y capturas de pantalla difundidos por medios, no cumplían con los requisitos técnicos para acreditar los hechos. Por ello, se mantuvo la presunción de inocencia del congresista y se desestimaron las solicitudes de pérdida de investidura. Este fallo subraya la necesidad de que las denuncias por corrupción o malversación estén sólidamente sustentadas para proceder.
La sombra de la investigación paralela
A pesar del fallo a su favor en el Consejo de Estado, David Racero aún enfrenta una investigación por los mismos hechos en la Corte Suprema de Justicia. Continuará en su curul como miembro del Pacto Histórico hasta el término de su período, pero el proceso judicial paralelo mantiene viva la controversia sobre los límites éticos del uso de los recursos públicos.
Un recordatorio sobre la rendición de cuentas
Este caso, más allá del resultado particular, pone sobre la mesa la vigilancia constante que la ciudadanía y las instituciones deben ejercer sobre el uso del erario. La justicia avanza en sus instancias, pero la exigencia de transparencia y el rechazo a cualquier mezcla entre lo público y lo privado deben ser principios inquebrantables, especialmente para quienes prometen representar los intereses del bien común.
