Masacres de Ituango mantienen abierta la investigación contra Uribe

Las investigaciones por los presuntos vínculos del expresidente Álvaro Uribe Vélez con estructuras paramilitares seguirán adelante en la Fiscalía General de la Nación. La Corte Constitucional se declaró inhibida para resolver la disputa entre el ente acusador y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara sobre la autoridad que debe asumir el expediente.

El caso está relacionado con hechos ocurridos en Antioquia durante la década de los noventa, entre ellos las masacres de La Granja y El Aro, en Ituango, donde fueron asesinadas cuatro y 15 personas, respectivamente. También incluye el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido en 1998.

La decisión de la Corte quedó consignada en el Auto 1539 de 2026, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera. En ella, la Sala Plena determinó que no se cumplían los presupuestos necesarios para estudiar de fondo el conflicto de competencias.

La votación fue de siete magistrados a favor de la inhibición y dos en contra. Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis salvaron su voto, mientras que Juan Carlos Cortés González lo aclaró.

La disputa institucional comenzó el 19 de agosto, cuando la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara reclamó el expediente, argumentando que algunas de las conductas investigadas habrían continuado hasta 2003, cuando Uribe ya era presidente de Colombia y estaba amparado por el fuero presidencial.

La Fiscalía sostiene una posición diferente: considera que los hechos centrales de la investigación se remontan a 1995 y 1997, cuando el dirigente político se desempeñaba como gobernador de Antioquia.

El expresidente compareció a indagatoria el pasado 4 de septiembre y negó los señalamientos sobre sus supuestos vínculos con organizaciones paramilitares.

Con el pronunciamiento de la Corte, el proceso permanece en manos de la Fiscalía, aunque la controversia sobre la autoridad competente podría volver a plantearse si se configura un nuevo conflicto que cumpla los requisitos para ser estudiado por el alto tribunal.