La JEP destapa la violencia sexual detrás del conflicto armado

Jorge Camilo

La JEP destapa la violencia sexual detrás del conflicto armado

La violencia sexual contra mujeres, niñas y hombres vuelve a quedar en el centro de las investigaciones sobre el conflicto armado colombiano. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a 18 anti…

La violencia sexual contra mujeres, niñas y hombres vuelve a quedar en el centro de las investigaciones sobre el conflicto armado colombiano. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a 18 antiguos integrantes del Ejército y la Policía Nacional a reconocer responsabilidad por presunta participación u omisión en incursiones paramilitares, masacres y hechos de violencia basada en género en diferentes regiones del país.

El magistrado Óscar Parra explicó que los comparecientes habrían contribuido al despliegue de alianzas con grupos paramilitares o a operaciones militares en las que se cometieron agresiones contra la población civil. Cuatro fueron llamados como autores por omisión, 13 como coautores y un sargento segundo del Ejército como coautor y autor de estas violencias.

La JEP identificó diferentes modalidades de agresión sexual, entre ellas ataques cometidos en retenes militares y hechos utilizados como mecanismos de castigo o disciplinamiento. Según el magistrado, estas conductas no pueden entenderse como simples actos individuales cuando ocurrieron en escenarios afectados por el conflicto armado y bajo condiciones que permitieron su ejecución.

Uno de los episodios mencionados corresponde al caso de Raúl Muñoz Linares, condenado por la justicia ordinaria por la violación sexual y asesinato de dos niños y una niña en Tame, Arauca, en 2010. La JEP señaló que superiores conocían antecedentes de agresiones y evasiones del oficial, pero habrían omitido sus obligaciones de prevención y control.

La investigación también puso de manifiesto la violencia sexual ejercida contra hombres, especialmente en zonas donde las relaciones entre agentes estatales y grupos paramilitares facilitaron mecanismos de control territorial y económico. La acreditación de 55 hombres y un colectivo de 115 víctimas representa un reconocimiento a personas cuyos casos también han permanecido durante años fuera del centro del debate público.

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