La basura amenaza los derechos de Santa Marta

Jorge Camilo

La basura amenaza los derechos de Santa Marta

La contaminación de los ríos, la acumulación de residuos y las deficiencias en los servicios públicos mantienen en alerta a la Procuraduría General de la Nación en Santa Marta. El organismo advirtió s…

La contaminación de los ríos, la acumulación de residuos y las deficiencias en los servicios públicos mantienen en alerta a la Procuraduría General de la Nación en Santa Marta. El organismo advirtió sobre los riesgos que enfrenta la ciudad y reiteró que sus habitantes y visitantes tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y de espacios públicos en condiciones adecuadas.

En medio de esta situación, el Tribunal Administrativo del Magdalena profirió el 30 de septiembre de 2026 una sentencia que amparó los derechos colectivos al ambiente sano, la salubridad pública y la prestación eficiente de los servicios públicos. La decisión respondió a una acción popular presentada por la Procuraduría 13 Judicial II Ambiental y Agraria y estableció órdenes para corregir las fallas estructurales en los sistemas de acueducto y alcantarillado.

La decisión judicial también contempla la recuperación de las rondas hídricas de los ríos Manzanares, Gaira y Piedras, así como la puesta en marcha de un sistema de monitoreo continuo del entorno marino-costero, con el respaldo de INVEMAR.

Sin embargo, las preocupaciones no terminan allí. La Procuraduría adelanta actuaciones preventivas sobre la prestación del servicio de aseo, las rutas de recolección, los puntos críticos de acumulación de residuos y el funcionamiento de los contenedores. En este proceso ha solicitado información a la Alcaldía, ATESA, ESSMAR, DADSA y CORPAMAG. Aunque reconoce avances en las jornadas de limpieza, advierte que persisten dificultades que pueden terminar trasladando los residuos hacia los drenajes, el río Manzanares y la Bahía.

La Procuraduría insistió en que no basta con realizar jornadas ocasionales de limpieza mientras continúen las deficiencias estructurales. Por eso, pidió compromisos verificables, mayor coordinación institucional y educación ambiental, con especial responsabilidad de establecimientos comerciales y operadores turísticos. La defensa del patrimonio natural de Santa Marta también implica garantizar que los derechos colectivos de sus habitantes no queden relegados.

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