JEP señala a 11 exjefes de las Farc por graves crímenes del conflicto

Once antiguos comandantes de las Farc fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz por crímenes de guerra y de lesa humanidad atribuidos a los extintos bloques Caribe y Magdalena Medio. La decisión representa un nuevo avance en la investigación de hechos que afectaron a comunidades de distintas regiones del país y que, según la JEP, dejaron a 733 víctimas acreditadas en este proceso.

La imputación incluye a dos antiguos integrantes del secretariado de las Farc: Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, y Lisandro Alape Lascarro, ‘Pastor Alape’. También cobija a Erasmo Traslaviña, ‘Jimmy Guerrero’; Pedro Trujillo, ‘Alberto Cancharina’; Jairo Reinaldo Cala, ‘Jairo Quintero’; Abelardo Caicedo, ‘Solís Almeida’; Osmany Landero, ‘Hernando González’; Gilberto de Jesús Giraldo, ‘Aldemar Altamiranda’; Luis Alejandro Cuadras, ‘Leonardo Muñoz’; Uriel Oviedo, ‘Mañe’, y Héctor Enrique Hernández, ‘Fabio Borges’.

Entre los episodios investigados figuran la toma guerrillera de Chalán, en Sucre, y el ataque con explosivos mediante un ‘burro bomba’, así como la masacre de Río Chiquito y atentados urbanos en Maicao, Barrancabermeja y Barranquilla. La investigación también identificó prácticas de control territorial y social mediante amenazas, castigos, asesinatos y desplazamientos contra personas señaladas de colaborar con la Fuerza Pública o grupos paramilitares, o que se resistían a las órdenes de la guerrilla.

La JEP atribuyó a los comparecientes crímenes de guerra como homicidio, desplazamiento forzado, tortura, tratos crueles, ataques contra civiles y bienes protegidos, además de violación y otras formas de violencia sexual. También les imputó delitos de lesa humanidad como asesinato, desaparición forzada, traslado forzoso de población y otros actos inhumanos. La decisión busca avanzar en el esclarecimiento de hechos que, en numerosos casos, no habían superado las etapas iniciales de la justicia ordinaria.

El siguiente paso será la respuesta de los 11 excomandantes, quienes podrán reconocer o rechazar los hechos y su responsabilidad hasta el 8 de diciembre de 2026. Si reconocen su participación y aportan verdad, podrán acceder a la ruta de sanciones propias, con medidas restaurativas y restricciones de derechos. En caso de rechazar los cargos, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP podrá llevarlos a juicio, escenario en el que se exponen a penas de hasta 20 años de prisión si son condenados.