Contratación antidrones: 13 acuerdos por $230.000 millones sin competencia abierta

La adquisición de tecnología para enfrentar los ataques con drones de grupos armados ilegales está rodeada de cuestionamientos por la forma en que se han adjudicado varios contratos. Una investigación periodística identificó al menos 13 acuerdos suscritos entre 2022 y noviembre de 2026, por un valor aproximado de 230.000 millones de pesos.

El informe señala que la mayoría de estas contrataciones se habría realizado sin procesos competitivos, lo que significa que las entidades recurrieron a mecanismos de selección directa o convenios que no garantizaron una convocatoria abierta a distintos proveedores.

Uno de los casos más relevantes corresponde al Ministerio del Interior, que en diciembre de 2024 firmó un contrato cercano a los 91.000 millones de pesos con CODALTEC para implementar un sistema integral antidrones para el Ejército. La compañía ya había recibido observaciones de la Contraloría por presuntas falencias en su experiencia técnica y por su papel como intermediaria en contratos que posteriormente subcontrata.

En el ámbito regional también aparecen operaciones cuestionadas. La Gobernación del Meta contrató por 5.000 millones de pesos con la Red SUMMA, mientras que el Cauca destinó 4.100 millones a Biotelecomm mediante contratación directa, argumentando una urgencia manifiesta. A estos casos se suman las adquisiciones realizadas por el Valle del Cauca a diferentes empresas proveedoras.

Otro episodio que llama la atención es el de las policías metropolitanas de Cúcuta y Popayán, que contrataron con la Unión Temporal G&G la compra de sistemas antidrones por 17.000 y 10.000 millones de pesos, respectivamente, con apenas dos meses de diferencia. La magnitud de los recursos y la reiteración de mecanismos sin competencia abierta ponen sobre la mesa la necesidad de examinar los controles y la transparencia en estas adquisiciones.